México apagó su candil de la calle

México apagó su candil de la calle

Magdalena Gómez

México camina a tientas en un plano de oscuridad y el calderonismo no distingue ya si está dentro o fuera del país. La política exterior mexicana durante los gobiernos priístas fue factor de orgullo ante foros internacionales y se alimentó también con políticas concretas y acertadas de apertura al exilio. Desde el muy emblemático de los republicanos españoles hasta el proveniente de Centro y Sudamérica, incluidos en ello los refugiados indígenas guatemaltecos. En el ámbito interno el priísmo no medía a los luchadores sociales con el mismo rasero; acá se aplicaba la política del pan y garrote aderezada con el encarcelamiento de líderes como los ferrocarrileros, la desaparición forzada, las masacres del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, por citar sólo algunos ejemplos. Así, teníamos que el prestigio internacional de México era visto desde adentro como la política del candil de la calle y oscuridad de su casa. Todavía el foxismo utilizó la misma estrategia para adornar el espejismo de la transición, autorizó la apertura de una Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y fueron frecuentes las visitas oficiales de diferentes relatores; incluso se realizó el Diagnóstico Nacional sobre Derechos Humanos, cuyo Programa derivado tocó a los límites de la retórica y fue aplazado. Ya sabemos que la mecha del foxismo y de la llamada transición resultó bastante corta.

En cuatro años del calderonismo y su guerra contra el narcotráfico (como forma de gobierno), el brutal deterioro del respeto a derechos humanos está alcanzando escenarios que antaño eran inimaginables, pues el régimen operaba con la variable del control autoritario ya señalado para mantener una relativa estabilidad, incluso asumió, por la fuerza del movimiento democrático y opositor, que había llegado el momento de acabar con el partido único. Si bien no lo hizo ni a la buena ni por las buenas, ahí tenemos los procesos electorales de 1988 y 2006 que demostraron que la normalidad democrática llega hasta el PRIAN, sólo alcanza para la alternancia bipartidista y no para sembrar una transición auténtica.

Ejemplo de la actual situación es la relativa al cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, el sistema interamericano de derechos humanos se está constituyendo en una vía para canalizar violaciones a derechos humanos en el país. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos están abriendo espacios de justiciabilidad ausentes en el ámbito interno. En especial destacan las resoluciones definitivas e inapelables de ésta última en casos donde el Ejército Mexicano está involucrado, como los de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Es importante recordar que las obligaciones convencionales de los estados partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado; para hablar claro: el debate que realizará el Congreso debe enmarcarse en la lógica de la sentencia de la CIDH para definir posiciones sobre la iniciativa de reforma legal relativa a los alcances del artículo 57 del Código de Justicia Militar que Calderón presentó protegiendo al Ejército.

La sentencia es muy clara al indicar que si los actos impugnados no son bienes jurídicos propios de la esfera castrense, deben juzgarlos los tribunales ordinarios. La clasificación de delitos que hizo el Ejecutivo para excluir las ejecuciones extrajudiciales, los malos tratos, las detenciones arbitrarias e incluso el genocidio y otros delitos de lesa humanidad sólo evoca a las leyes de autoamnistía que las dictaduras han emitido y sobre las cuales la CIDH en su momento se ha pronunciado en contra, calificándolas de leyes de impunidad para legitimar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, al evitar el enjuiciamiento de sus agentes. Ése es el espíritu evidente de la propuesta calderonista para hacer como que cumple la resolución de la CIDH. Es previsible que ésta instancia, si se consolida la intentona gatopardista con la complicidad del Congreso, en su momento rechace otorgar el estatus de cumplida a su petición de reforma al Código de Justicia Militar.

Vale la pena anotar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece una prohibición a la existencia de la justicia militar en los estados suscriptores. Sin embargo, el espíritu de este instrumento en todo su articulado es que cualquier espacio estatal que ejerza la función jurisdiccional debe sujetar sus actuaciones y procedimientos a los principios de derechos humanos. La CIDH no planteó una reforma constitucional que elimine el fuero militar: anotó de manera enfática que el mismo no puede constituirse en fuero de impunidad frente a los derechos fundamentales de la población civil. El Congreso ¿aportará, esta vez, una luz al final del túnel?

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